Familias amenazadas por la ejecución hipotecaria, embargo o desahucio, tanto de vivienda protegida como libre, podrán recoger, a partir del próximo lunes 9 de febrero, en las delegaciones territoriales del Gobierno vasco, los impresos para acceder a las medidas “anticrisis” puestas en marcha por la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales. Además, en casos “extremos” se ofrecerán realojos en viviendas del parque público de alquiler social del Gobierno vasco.

En rueda de prensa en Bilbao, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, recordó las medidas “anticrisis” anunciadas el pasado 19 de enero. En primer lugar, el Gobierno vasco comprará la vivienda libre de una persona que no pueda pagar la hipoteca porque se ha quedado en paro a un precio de vivienda protegida tasada, 220.000 euros.

Esta vivienda libre quedará calificada de por vida como protegida tasada, con lo que no se podrá especular con ella, y para que la medida sea factible el banco deberá hacer un descuento de un 20 por ciento mínimo en el préstamo. El propietario pasará a vivir en esta misma vivienda, en un alquiler protegido, con opción de compra en cuanto la situación económica mejore.

La segunda medida consiste en que el Gobierno vasco comprará la vivienda de VPO de una persona que no pueda pagar la hipoteca por haberse quedado en paro, que pasará a vivir en un piso de alquiler protegido del parque del Ejecutivo vasco y la suya se adjudicará a través de Etxebide.

La tercera medida, aplicable a medidas libres, consiste en que el Ejecutivo vasco garantizará un alquiler protegido de 450 euros a un inquilino que no pueda pagar la renta por haberse quedado en paro y, por otro lado, garantizará al propietario el pago de una renta de 750 euros de esa vivienda libre de alquiler.

Madrazo recordó que estas tres medidas tienen vigencia de un año, prorrogable otro año más, y son “un plan de rescate de personas o familias en paro sobrevenido, que como consecuencia de la crisis económica no pueden hacer frente ni al pago de la hipoteca ni al alquiler”. “Son medidas pensadas como colchón para una situación de crisis extraordinaria como la que estamos viviendo, que esperemos no sea estructural y mejore en el futuro próximo”, añadió.

REQUISITOS

El titular de Vivienda precisó que los solicitantes deberán encontrarse en situación de desempleo sobrevenido por efecto de la crisis durante los tres meses anteriores a la solicitud; la vivienda sobre la que se solicita actuar debe ser primera residencia; carecer de otra vivienda en propiedad; contar con unos ingresos inferiores a 22.000 euros durante los últimos 12 meses; y ser declarado en mora hipotecaria o estar en proceso de desahucio en el caso de los inquilinos.

Esta solicitud deberá presentarse en la caja de ahorros o banco para que, en el caso de vivienda libre, firme la entidad bancaria la reducción del 20 por ciento del saldo pendiente de amortización hasta alcanzar el precio de vivienda tasada autonómica, 220.000 euros.

En el caso de la VPO, la entidad bancaria deberá firmar el compromiso por escrito de no llevar esta vivienda a ejecución hipotecaria y ofrecerse en venta al Gobierno vasco.

Una vez cumplimentada por la entidad bancaria, el impreso deberá entregarse en los servicios de atención a la ciudadanía de las tres delegaciones territoriales del Departamento de Vivienda.

Madrazo aseguró que algunas entidades bancarias ya han mostrado su interés por la propuestas, así como que las tres cajas vascas “se han comprometido a estudiar las medidas y han mostrado su voluntad de colaborar con la administración”. “Llevamos varias semanas trabajando con las cajas y seguiremos trabajando con discreción en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo”, añadió.

El consejero de Vivienda consideró que la banca “debe arrimar el hombro por solidaridad con las personas y familias en época de crisis ante el sobreendeudamiento hipotecario generado por el propio sistema financiero”. Además, señaló que, por su propio interés, los bancos “deben arrimar el hombro, ante la dificultad de dar salida en un mercado saturado a ese stock de viviendas embargadas que va creciendo”. “Les pedimos que aflojen el yugo de las hipotecas a los parados, para que el Gobierno vasco pueda comprar esas viviendas”, agregó.

CASOS EXTREMOS

En el caso de familias sobrehipotecadas que se queden en el paro, Madrazo aseguró que el Gobierno vasco “no se va a quedar de brazos cruzados mientras los bancos deshojan la maragatita y se deciden a impulsar las medidas anticrisis del Gobierno vasco”.

Según aseguró, el Ejecutivo vasco quiere dar “tranquilidad” a toda personas que se haya quedado en paro sobrevenido y que, como consecuencia de ello, esté en situación de embargo o desahucio.

Si se llegara al embargo o ejecución hipotecaria, en el caso de propietarios de viviendas o a un desahucio en caso de inquilinos, Madrazo indicó que el Gobierno vasco “no permitirá que éstos se queden en la calle por una crisis que ellos no han provocado y les realojará en una vivienda del parque público de alquiler de Gobierno vasco durante 12 meses ampliables a otros 12 más, en el caso de que persista la situación de desempleo”.

“Si los bancos no responden ante una situación generada en parte por ellos, será el Gobierno vasco quien tenga que salir a rescatar a la familia y a la persona que se ha quedado en paro producto de la crisis”, aseveró.

Por último, afirmó que las personas que se beneficien de esta medida deberán cumplir también los requisitos fijados para las medidas “anticrisis” y la incorporación a la vivienda de alquiler se hará mediante una orden de excepción en el procedimiento de adjudicación.